La competencia en las licitaciones públicas en España cae a mínimos
La competencia en las licitaciones públicas en España ha caído a un nuevo mínimo histórico en 2022, según advierte la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), encargada de velar por el buen funcionamiento de la contratación pública.
En su informe sobre ‘Las cifras de la contratación pública en 2022’, que acaba de publicar, el organismo advierte de que “la concurrencia media se ha reducido en general en todos los procedimientos respecto al 2021, siguiendo una tendencia decreciente desde el año 2019”, primer año del que esta entidad recopila datos.
Así, el año pasado el número medio de licitadores en todos los procedimientos bajó hasta un mínimo de 3,22, frente a 3,94 en 2021 y 4,04 en 2019 (ver gráfico).
La oficina recuerda que “existe una importante correlación entre el grado de concurrencia a las licitaciones” y los menores precios. “Los porcentajes de adjudicaciones con más de un licitador en los contratos de servicios, suministro y obras, han disminuido respecto al año 2021 tanto en importe como en número de adjudicaciones”, añade.
En 2022 se batió un récord de concursos públicos con un único licitador, como ya advertían los datos provisionales publicados por la oficina hace unos meses. El nuevo informe refleja que del total de lotes y contratos adjudicados en 2022, una vez excluidas las adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad, el 39,92% tuvieron un único licitador. Es un récord, con una subida sin precedentes de cinco puntos respecto a 2021.
La oficina no entra a valorar las causas de esta situación. Su análisis es meramente cuantitativo y “aséptico”, recuerda Pilar Canedo, experta en competencia y ex consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con los escasos recursos que tiene (hace un año tenía la mitad de su plantilla de 50 personas sin cubrir), OIReScon se dedica a procesar enormes volúmenes de datos que se publican en las plataformas de contratación pública.
Como ha dicho en alguna ocasión su presidenta, María Luisa Araújo, “no se detiene en un expediente concreto ni en un órgano de contratación determinado”, sino que busca encontrar “puntos débiles” y “problemas sistémicos” en la contratación pública.
La baja competencia sería uno de esos problemas sistémicos. El porcentaje de licitaciones con una única oferta es de hecho uno de los diez indicadores clave que tiene en cuenta la Comisión Europea para evaluar la calidad de la contratación pública de los países miembros, recuerda Pilar Canedo.
Al teléfono, la ex consejera de la CNMC considera el dato “preocupante”. Cree que “a bote pronto” y como “suposición de sentido común”, esa bajísima concurrencia puede estar vinculada con el reparto de los 70.000 millones de fondos europeos Next Generation, en los que “se han establecido algunos procedimientos de mayor urgencia y eso puede tener como consecuencia que haya adjudicaciones casi directas”.
El pasado jueves, en su despedida del Congreso de los Diputados para marcharse a presidir el Banco Europeo de Inversiones, la todavía vicepresidenta económica, Nadia Calviño, afirmó que ya se han repartido 33.000 millones de los fondos europeos entre adjudicaciones y ayudas, con unos 2.000 millones al mes en convocatorias y licitaciones. De esos 33.000 millones, la mayor parte de las convocatorias han sido resueltas por la Administración central, con 28.000 millones, y otros 5.600 millones corresponden a las comunidades.
Si se analiza el importe económico de los contratos adjudicados en 2022 y no el número de licitaciones, el pasado ejercicio hubo un único ofertante en el 28,63% del dinero adjudicado en concursos públicos. Un año antes esto solo ocurría en algo más del 20% de lo que pagaba la Administración.
“El importe adjudicado a contratos con un solo licitador se ha incrementado en los tres ámbitos territoriales durante 2022, de forma más acusada en el Local y Estatal”, destaca el informe.
Por tipos de contratos, la concurrencia media de licitadores en el procedimiento abierto ordinario fue de 3,81. En la modalidad simplificada fue del 3,42. En el procedimiento restringido se quedó en 3,3. En el negociado sin publicidad fue de apenas 1,26 licitadores por contrato.
El estudio destaca una especial reducción de la competencia en los contratos de concesión de obras. Se ha pasado de 9,33 licitadores de media en 2020 a 2,18 en 2022. En los contratos de obras ha pasado de 7,39 en 2020 a 4,5 licitadores de media en 2022. Este sector es tradicionalmente uno de los más conflictivos desde el punto de vista de la formación de cárteles.
En su informe, la OIReScon considera “particularmente significativa” la reducción de la concurrencia en el procedimiento abierto. Tanto en su modalidad ordinaria (de 4,52 licitadores de media en 2021 a los citados 3,81 de 2022) como, “especialmente”, en la simplificada, donde pasó de 4,67 licitadores de media en 2021 a 3,42 en 2022.
El procedimiento abierto, según sus cálculos, lleva aparejada una reducción del importe de adjudicación del 11% respecto al presupuesto inicial de los contratos públicos. En la modalidad simplificada alcanza casi el 14%, la mayor entre las analizadas. Mientras, en el negociado sin publicidad (el más opaco) “el porcentaje se reduce drásticamente hasta el 2,17% de media”, destaca el informe.
El organismo ha realizado un análisis específico de los contratos de concesión. “Se ha comprobado una concurrencia media muy limitada” y es “preocupante el alto porcentaje de licitaciones de estos contratos que resultan desiertas”, sin entrar en las causas. Estos contratos, no obstante, “tienen una importancia muy limitada”. Suponen el 3,43% de las adjudicaciones, frente al 12% de media de la UE. El sector público local es el que más los utiliza.
Un dato positivo desde el punto de vista de la transparencia y la reducción de los precios finales, a tenor de los cálculos de la entidad, es el nuevo descenso registrado en los procedimientos negociados sin publicidad, los más opacos, que representaron en 2022 el 9,83% de los expedientes, frente al 18,73% de 2020. Asimismo, en 2022 la tramitación de emergencia se desplomó un 37,22% y la de urgencia, un 53,88%.
El año de la pandemia, y las enormes dificultades que se encontraron los Poderes Públicos para localizar suministros básicos para frenar el coronavirus, como mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos, motivó un auge de la tramitación por esa vía y por la de emergencia. En junio de 2020, la OIResCon advirtió de que las administraciones se habían gastado hasta entonces 2.100 millones en 11.100 contratos de emergencia y advirtió de falta de transparencia en esas adjudicaciones, en un duro informe que publicó la primera presidenta del organismo justo antes de dimitir.
Más de 100.000 millones
En 2022 el volumen licitado por todas las Administraciones rompió todos los récords, al superar por primera vez la barrera de los 100.000 millones de euros, un 5% más. De ese importe, el 40,39% correspondió al sector autonómico, el 33,15% al local y el 26,45% al estatal.
Las licitaciones de ámbito estatal fueron las únicas que retrocedieron. Su importe bajó un 13% en 2022, mientras crecieron las del sector autonómico (+17,6%) y local (+8,6%). El número total de licitaciones creció más de un 13% en 2022, hasta 183.277, lo que supone un crecimiento acumulado del 81% respecto a 2018, cuando la OIReScon empezó a analizar los datos.
El volumen finalmente adjudicado creció el año pasado un 11,4%, hasta la cifra récord de 70.304,71 millones. Este importe es un 42% superior al de 2019. Del total adjudicado, el procedimiento abierto supuso el 68,89%; el abierto simplificado, un 6,63% y el negociado sin publicidad, un 9,9%.
En España, el nivel de gasto en contratación pública de 2022 alcanzó el 11,52% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 24,11% del total del gasto público, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hasta hace un año, España no aprobó la estrategia nacional para mejorar la contratación pública que Bruselas llevaba años exigiendo y cuyo primer objetivo es “combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública”.
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